DECRETO 1075 DE 2025 NO HAY MáS DE UN MISTERIO

decreto 1075 de 2025 No hay más de un misterio

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Por su parte, mediante el Efectivo Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, se adoptó un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

3. Para la concesión de cada ayuda, en el plazo de 30 días desde la entrada en vigor del presente Vivo decreto-ralea, la Comunidad Autónoma beneficiaria deberá acudir en la Sede Electrónica del Tarea de Transportes y Movilidad Sostenible, un certificado firmado por el Guía con competencias en transporte, que acredite que desde el 1 de enero de 2025 y hasta la fecha de firma del certificado se ha implantado un descuento del 100 % en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte conocido colectivo terráqueo de las islas; y que existe el compromiso de sustentar la medida hasta el 31 de diciembre de 2025.

2. Para la determinación de los ingresos anuales, se tendrá en cuenta la información apto que sirvió de colchoneta para determinar la cuantía de las ayudas a las comunidades autónomas en el entorno del Real Decreto-ralea 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, así como la información que sirvió para determinar la cuantía de las ayudas a las entidades locales en el situación del Efectivo Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte manifiesto, en concreto:

Más allá de ese «régimen constitucional» el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-ralea, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como resolucion 0312 del 2019 60 fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas.

La abolición de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causarán los siguientes derechos:

Las ayudas van dirigidas a la reducción de precios en las tarifas que permitan viajes ilimitados durante un determinado tiempo, en forma de abonos o tarifas planas.

¿Qué van a hacer las Cámaras de Comercio con los mayores medios que van a percibir de cuenta del incremento en las tarifas de renovación de las medianas y grandes empresas?

Destacan que, en este caso, el conductor debe instalar un aviso en la parte trasera del transporte, con pago clara y tamaño visible, en el que comunique que se dirige a este tipo de actividades.

1. Las actuaciones que se subvencionan son la adquisición de ciclos de pedaleo asistido y bicicletas de mano híbridas o eléctricas para sillas de ruedas, en el caso de personas físicas, y de ciclos de carga de pedaleo asistido en el caso de personas jurídicas.

1.Los posibles beneficiarios que deseen ceder a las ayudas acudirán su solicitud en la Sede Electrónica del Tarea de Transportes y Movilidad Sostenible, mediante el formulario que a tal propósito estará arreglado en la mencionada Sede Electrónica.

Reincidencia: Se tendrá en cuenta si el presunto acosador ha sido sancionado previamente por conductas de acoso sexual profesional.

Las comunidades autónomas y entidades locales que sean beneficiarias de las ayudas deberán mandar información para poder valorar el finalidad que ha tenido la implantación de los descuentos en el núsolo de usuarios del transporte conocido, en los términos que se explicite por el Tarea de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las medidas contempladas en esta norma gozan de los requisitos de extraordinaria y urgente indigencia que exige el artículo 86 de la Constitución Españonda como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-calidad.

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